viernes, 24 de octubre de 2008

Sobre la prostitución: dos propuestas político criminales muy diversas

El debate sobre la política criminal a aplicar en materia de prostitución es de esos que parece cíclico y perpetuo: siempre se sostienen las mismas posiciones y sólo varían en el tiempo los agentes o las formas de proponerlas. Recientemente se ha vuelto a poner de manifiesto la cuestión con dos formas muy diferentes de plantear la cuestión.

Por una parte en España son varias las ciudades que recientemente se han planteado (y aprobado) la adopción de sanciones administrativas para quienes ejerzan la prostitución en determinados lugares públicos de la ciudad. Así, en Barcelona, anunció Joan Clos recientemente que se iba a aprobar una ordenanza para sancionar con multas de hasta 600 euros a las personas que ejerzan la prostitución, así como a sus clientes, no con el ánimo de prohibir esta práctica pero sí para “mejorar la convivencia en las zonas en las que se registra una concentración de estas prácticas”.
Lo mismo parece que se ha decidido recientemente en Sevilla, Gerona, Lérida y en otras ciudades europeas como Roma, donde parece ser que se ha extendido tal profesión.
Resulta, por ello, más que significativa la noticia de hoy del diario público respecto a que San Francisco está planteándose la “legalización” de la prostitución pública. Les adjunto la noticia:

San Francisco es mundialmente famosa por su tolerancia pero el 4 de noviembre sus ciudadanos decidirán en las urnas una espinosa cuestión que, para muchos, aún es tabú: despenalizar o no la prostitución. Coincidiendo con las elecciones presidenciales, la ciudad votará ese día una serie de propuestas entre la que se encuentra la Proposición K, que impediría a las fuerzas del orden locales arrestar o investigar a nadie por vender su cuerpo. La Proposición K no legaliza técnicamente la prostitución porque aún seguiría estando prohibida bajo las leyes del estado, pero sí acabaría con las detenciones de prostitutas en San Francisco. Sus defensores afirman que la medida ahorrará unos 11 millones de dólares que la policía local gasta cada año en arrestar o perseguir a quien ejerce la prostitución y permitirá que los profesionales del sexo se asocien para defender sus derechos. Las fuerzas del orden arrestaron en 2007 a unas 1.583 personas dedicadas a la prostitución en la ciudad y se esperan cifras similares en 2008. Un 95% de los arrestados son liberados poco después con poco más que una multa.
Para Carol Leigh, una de las portavoces de la plataforma a favor del sí y co-fundadora de la asociación Bay Area Sex Workers Advocacy Network, la Proposición K "suministraría apoyo para que los trabajadores del sexo no tengan que esconderse".Leigh, que ha ejercido como prostituta, artista y activista desde los 70 -se la considera, incluso, creadora del termino "trabajador del sexo"- cree que la medida tiene "muchas posibilidades de salir adelante".
En la vecina ciudad de Berkeley, un referéndum similar celebrado en 2004 fracasó estrepitosamente, pero la plataforma a favor de la despenalización cree que la medida tiene más probabilidades de triunfar en San Francisco. A fin de cuentas, la ciudad es un bastión de la tolerancia y pionera en la lucha por los derechos de los homosexuales en EEUU. Cada año, por ejemplo, miles de personas asisten a su feria del sadomasoquismo, que se celebra a plena luz del día en una concurrida calle del centro.
Según una encuesta de 2004, la más reciente sobre el tema, un 54% de los sanfranciscanos estaría a favor de despenalizar la prostitución, frente al 33% en contra.De ganar, San Francisco se convertiría en la primera gran ciudad de EEUU en despenalizar por completo la prostitución, que ya es legal en algunas comunidades rurales de Nevada y en el estado de Rhode Island, aunque no en la calle ni en burdeles.
Aunque el partido demócrata local apoya la medida, tanto el alcalde Gavin Newsom como el fiscal general, el departamento de policía, la comunidad empresarial y todos los grandes periódicos locales están en contra. Argumentan que la despenalización convertiría a la ciudad en un imán para profesionales del sexo, beneficiaría a los proxenetas, aumentaría la inseguridad y haría casi imposible descubrir a personas obligadas a ejercer la prostitución. "Si no podemos investigar la prostitución es difícil que descubramos a víctimas del tráfico de personas", dijo a la prensa estadounidense Al Pardini, responsable de la división de narcóticos y brigada antivicio de la policía de San Francisco.
Para Leigh, estos argumentos no son sólidos pues opina que la represión no es eficaz para combatir este delito. "Los arrestos y la represión no funcionan", dijo Leigh. "Cuando arrestan a mujeres extranjeras obligadas a ejercer la prostitución en este país, lo único que hacen es deportarlas, con lo que vuelven a sus lugares de origen con una enorme deuda". Leigh cree que, de hecho, la Proposición 8 ayudaría a combatir el tráfico de personas y que "las iniciativas basadas en los derechos humanos, incluida la despenalización, son mucho más eficientes".

Aparte de llamarme poderosamente la atención lo del referendum ( jo, eso sí que suena a democrático, está claro que tenemos que aprender mucho de democracia participativa) creo que es un tema bastante complicado al entrar en discusión múltiples factores. Lo que está claro es que más que ver con la moral, tiene que ver con el intervencionismo social.
Espero vuestras opiniones.
Fernando Miró Llinares

1 comentario:

Anónimo dijo...

Mi postura aboga por la regularización del alterne. Lo contrario pasa por la hipocresía moralista.

El Estado no va a impedir que dos adultos planteen un acuerdo de voluntades libres destinado a prestar/recibir servicios sexuales.

Lo que hay que lograr se que el acuerdo de voluntades sea libre, y que esa actividad económica no perjudique a terceros.

Dudosamente se podrán regular las condiciones de las chicas (y chicos) si la actividad es tan alegal como la prostitución. Es necesaria la luz y los taquígrafos.

En segundo lugar vería bien que hubieran empresarios del alterne, o trabajador@s autónom@s que ejercieran su actividad. Pero NO en la vía pública.

De la misma forma que yo no puedo montar un tenderete en la acera, ellas tampoco deben poder ejercer su actividad económica. Sin contar que la vía pública cuenta con tránsito de menores, los cuales no tienen porqué presenciar ciertas prácticas. Y eso no es meter la moral, ojo.

Ahora lo que han visto los Ayuntamientos es un filón en sus ansias recaudatorias, pero yo me posiciono con ANELA.