Para neutralidad la de los suizos

El otro día leí el artículo de Pablo Salvador Coderch sobre la independencia judicial en España y EEUU y me gustó muchísimo. Pensé en hacer un post citándolo, recomendándolo y en el que trataría el tema de la independencia judicial, pero no me animé finalmente pues pensé que el País lo lee mucha más gente que La Blogmática, y que para escribir como el gran civilista de la Pompeu aún me queda un trecho. Días después leí un Post en Lex Dura en el que se comentaba el artículo de Coderch y también se trataba el tema de marras. Ya dije hace unos posts lo fan que soy de García Amado, pero es que cuando trata algún tema como el de la dependencia judicial (empecemos a hablar con propiedad), la cosa ya es magistral: supura genialidad y mala leche a partes iguales. También pensé en dedicar La blogmática al tema, pero para hacer un post que dijera: me sumo a lo que dice García Amado, pues como que no.

Pero, está claro, el tema me persigue.

Prensa española, a eso de las 14:00:

"Tras más de dos años de bloqueo, el PSOE y el PP han cerrado el primer acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al sellar esta mañana la lista con los 20 vocales, que se remitirá al Congreso y al Senado para su posterior aprobación, en la que se encuentran varios miembros muy vinculados a ambos partidos. Los portavoces parlamentarios del PSOE y el PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, han apurado las negociaciones hasta el último momento para incluir a sus candidatos en la lista definitiva, que finalmente ha quedado compuesta por trece hombres y siete mujeres -cuatro a propuesta del PSOE, dos del PP y una de PNV-. Los vocales, nueve a instancias del PSOE, otros nueve del PP, uno por CiU y otro por el PNV, deberán ser elegidos por ambas Cámaras por mayoría de tres quintos. En la composición definitiva, destaca la presencia de la magistrada del Tribunal Supremo y ex secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, una de las vocales a propuesta del PSOE, en tanto que la juez Gemma Gallego, instructora del llamado caso del ácido bórico, cubrirá otra plaza a instancias del PP. Los nombres de CiU y PNV son los que tienen un perfil político más acusado. El candidato de los nacionalistas catalanes es Ramón Camp, ex diputado, ex senador, ex vicepresidente del Parlamento de Cataluña y uno de los ponentes en el Congreso del Estatut. Por parte del PNV, su representante será la también ex diputada Margarita Uría, quien fue vetada por el PP en la anterior renovación. En la lista definitiva destaca también la presencia de José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal y abogado vinculado al PSOE desde hace muchos años, así como la de Manuel Torres Vela, de la asociación judicial Francisco de Vitoria, que hasta ahora no tenía representación, y el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado".

La cualificación de las personas que han sido nombradas (pues lo de las cámaras es un trámite, en este país las cosas importantes las deciden los partidos, no el parlamento) no voy a valorarla. Primero porque presupongo la valía de todas ellas. Segundo porque habría que hacerlo individualmente, y yo tan sólo conozco a uno de los futuros vocales, el Catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, el tercer catedrático que cito en este Post y que con decir que, a mi parecer, está al nivel de los otros dos, ya debería quedar todo dicho para quienes les guste el mundo del Derecho. Aprovecho para felicitarle por el nombramiento.

En cuanto al discutido proceso de nombramiento, tampoco creo que en unas cuantas líneas se pueda tratar con profundiad la cuestión de si es más o menos legítimo, más o menos democrático, que sea el parlamento el que elija al máximo órgano de gobierno de los jueces. Ya se ha escrito mucho sobre Montesquieu y su asesinato por Alfonso Guerra (con la cooperación necesaria activa y omisiva de muchos otros que ahora se llevan la boca diciendo que este no es el mejor sistema posible), como para perder más tiempo aquí.

Reconozco que me ha hecho gracia que la palabra que más se oyera en la rueda de prensa del Ministro de justicia fuera "neutralidad". Según la Rae, la neutralidad es la cualidad del que no participa de ninguna de las opciones en conflicto; mientras que la independencia es la característica de aquél que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena. Estoy convencido de que en sus decisiones los próximos vocales serán neutrales e independientes, y si tienen alguna dependencia, esta sería de la misma entidad que la que tendrían si en vez de haber sido nombrados por unos (políticos), lo hubieran sido por otros (jueces). Siempre que alguien sea el que acabe favoreciendo a otro, hay un favorecido que debe algo al favorecedor. Es verdad que no sería lo mismo: En un caso nos encontramos con la posibilidad (tan sólo posibilidad) de jueces haciendo favores a políticos para que sean después los políticos quienes hagan los favores a los jueces; y en otro sería jueces haciendo favores a jueces para que estos se los devuelvan. En todo caso, vaya tinglado.
Pero tampoco puede negarse que, como diría Calamaro, es feo, muy feo. Estéticamente la justicia sale mal parada de esas listas consensuadas, y la justicia también necesita ser guapa o, por lo menos, tener una apariencia decente.

En todo caso el problema no creo que se solucionara con una vuelta a los porcentajes, ni siquiera con una reforma que dejara totalmente en manos de los jueces la elección de los representantes del CGPJ. Habría que ir más allá. Lean la siguiente propuesta, radical como ella sola:

"Dejemos de lado, por imposible, la discusión sobre el modo de nombramiento de los magistrados constitucionales. Fijémonos solamente en el día después de la finalización de su mandato. ¿Qué han de poder ser a partir de ese instante? Nada, ricos pensionistas solamente. Que les quede un doradísimo retiro, una pensión supermillonaria -póngale usted la cantidad que quiera, seis mil euros mensuales, doce mil, veinte mil...- y, si no alcanza, que les garanticen descuentos y promociones especiales en Carrefour, Toys´r´us y Casa Lucio, y vales para darse en cualquier spa unos baños de fango, por lo de la nostalgia y tal. Pero nada más. O sea: terminante prohibición legal de que puedan desempeñar cargo de ningún tipo, sea en el ejecutivo, el legislativo o el judicial y sea dentro de España o fuera. Y lo mismo en la empresa privada o en ese tipo de subterfugios que son muchas veces las fundaciones, auténticos eufemismos jurídicos tan a menudo. Nada de nada, vaya. ¿Y dar clases en alguna universidad? Tampoco, carajo, que se les puede ocurrir ser rectores y comenzar la campaña mientras aún dictan sentencias. Bueno, pero, ¿y alguna conferencia por ahí? Que no, que acabarían dándolas a precio de oro para alguna asociación empresarial o algún grupo propietario de medios de comunicación, como contrapartida por los detallitos de cuando entonces. O sea, dolce far niente a tope, a disfrutar de los nietos y a pellizcar a la dominicana del servicio (¿que suena machista esto? No, hombre/mujer, no, basta con admitir que también las magistradas la pellizquen).¿Qué ganamos con medida tan simple? Muy sencillo, evitamos que a los cuatro días de tomar posesión ya estén los magistrados echando cuentas de a quién tienen que comerle la oreja, en el auto o en la sentencia, para ir haciendo méritos para eso tan simpático que quieren ser el día de mañana: magistrado/a en Luxemburgo o Estrasburgo, embajador, secretario de Estado (o cualqueir otra cosa "de Estado" de ahí para arriba), obispo -todo se andará-, amante bandido -esto seguro que ya se anduvo-, alto representante o delegado ante no sé qué organización internacional... Si no se juegan nada de su futuro, a lo mejor se animan a decidir en conciencia; esto es, a no vender su conciencia a cambio de un nuevo coche oficial y un paraíso lleno de secretarias/os el día de mañana.Hombre, ya puestos a soñar con cosas tan evidentes y razonables como imposibles, sería perfecto que se hiciera lo mismo con los miembros del CGPJ o que, al menos y para empezar, se evitara que los que provienen de la carrera judicial aprovechen para dar el salto de un puto (con perdón) juzgado de instrucción en Viana do Bolo a la Audiencia Nacional o el Supremo.
Y ahora, chascarrillos aparte, que alguien me diga por qué no sería viable una medida tan elemental y que me explique por qué no se toma".


De lo dicho por García Amado en Lex Dura saco tres conclusiones:

1: García Amado nunca será un Jurista de Reconocido Prestrigio integrante del CGPJ
2. Necesitamos ideas radicales frente a conservadurismos y progresismos complacientes
3. Lo de la dependencia o independencia judicial enerva al más pintado, habrá que dejar de hablar de ellas (o seguir, si a uno le gusta el sado).

Si no es así, si preferimos no ponernos de mala uva, resulta preferible no mirar mucho la realidad. Es mejor ver series de televisión. De hecho voy a recomendar un capítulo de una de ellas: se trata de "El ala oeste de la Casa Blanca (The West Wing, para piratas con conocimientos de inglés)", si bien no recuerdo el número concreto de la concreta temporada (lo buscaré, aunque es la cuarta o la quinta). Sí recuerdo la temática: uno de los magistrados de la Corte Suprema de los EEUU fallece, y el presidente debe nombrar a un candidato para que sea aprobado por el congreso. Joshua Barlett (a ese si que le votaba yo) se reúne con el presidente del más alto tribunal americano para comentarle que la opción que más posibilidades tiene es un tal Jhon Nosequewilliams III (me acuerdo de lo del III), de familia de jueces (ya lo dice, III, pues yo me llamo como mi padre y no me pongo II) y que suele buscar el consenso y las decisiones menos traumáticas. El presidente de la Corte Suprema, viejete de ochentaypico él, no se altera, pero tampoco se corta diciéndole que es la solución fácil y mediocre, y le pregunta por otros candidatos, a lo que el presidente Barlett le contesta que su favorita, Glenn Close sin picahielos, es demasiado izquierdosilla, y que los republicanos aceptan al III o a uno de los suyos, el cual parece demasiado conservadorcete. Lo que al final ocurre no os lo voy a contar, os obligo a que busquéis esos magníficos 45 minutos de guión elegante, idealista y bien documentado. Os diré que lo que ocurre sólo pasa en las series, nunca sucedería en la vida real. En la realidad es impensable que un político, para hacer lo que hay que hacer, pierda una oportunidad de controlar más.
Por eso es mejor ver series de televisión que las noticias.

Se despide desde Alemania (por última vez este verano),

Fernando Miró Llinares